NEREA BELMONTE ALIAGA | REA nº 14 | Publicado en Diciembre de 2014
La redacción de REA, fiel a su afán de dar la voz a quienes tiene verdades que decir, a la reflexión social y al descubrimiento y seguimiento de la corrupción cultural, publica las columnas de opinión de la fuerza ciudadana alicantina PODEMOS para prestar voz a quienes están siendo, como muchos otros, silenciados o puestos en sordina por los periódicos tradicionales de la provincia, absolutamente comprados por los presupuestos de publicidad de la Diputación en todas sus facetas, o donde se les somete al «linchamiento» mediático dando oportunidad ventajosa a los partidos tradicionales para que puedan constantemente darles una réplica.
Mucho se ha hablado de la famosa ley de transparencia, pero muy poco sobre lo que de verdad importa al ciudadano y ciudadana de a pie sobre este asunto. Para entrar en materia, por si alguien anda despistado, los jueces y juezas han propuesto 58 medidas, entre ellas: elevar penas y ampliar la prescripción de los delitos relativos a la corrupción, además de la creación de nuevas figuras penales como el enriquecimiento ilícito derivado de la función pública.
¿Y quiénes son esos jueces? Pues nada más y nada menos que los 45 jueces decanos, que son una muestra muy representativa de la judicatura española. Este grupo de magistrados opina que la democracia española se encuentra en un momento muy delicado, y no es para menos ya que la ciudadanía de forma mayoritaria opina que en España no hay justicia.
Veamos un dato clarificador, la media de jueces en esta Europa nuestra es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes ¿Cuál cree Ud. que es la media en España? pues sencillamente es de 11 jueces. Esto quiere decir que la justicia para un ciudadano español va a 50 Km/h y para un francés o un alemán va a 100 Km/h; nuestra justicia circula por un camino de tierra y la justicia europea transita por una autovía. Todos y todas somos europeos pero, en lo que a justicia se refiere, parece ser que hay europeos de segunda y europeos de primera; curiosamente para pagar la gasolina somos europeos de primera.
¿Qué más cosas nos plantea este grupo de expertos? Pues triplicar, sí sí, TRIPLICAR la partida destinada a Justicia para equiparar el gasto de este capítulo con el de nuestros conciudadanos europeos, concretamente el 3% de los Presupuestos Generales del Estado. También proponen la modernización informática de la judicatura, modificar el sistema de elección y nombramientos del Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional. En definitiva, una verdadera separación de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, lo cual hoy en día está en peligro en nuestro país.
¿Que cómo se hacen estas elecciones ahora mismo? Pues por un enrevesado sistema en el que al final es el Gobierno de turno el que designa a la mayoría de los magistrados y, además, también puede vetar a quien quiera. Es decir, el juez o el abogado de reconocida trayectoria profesional si es muy rojo igual no llega, y si es muy azul quizás tampoco, depende de quién gobierne. Nada importa si es un buen profesional o no…todo es política y guerra sucia, sobre todo en lo que se refiere a la designación de las personas que componen el Tribunal Constitucional.
¿Más perlas? Pues como dicen los gallegos “haberlas hailas”, escuchas telefónicas, revisión de aforados, privilegios procesales, reforma de Ministerio Fiscal, equipos de auténtica policía judicial, introducción del delito de financiación ilegal de los partidos, profundos cambios en los nombramientos, indultos sólo si se aprueban por un tribunal… Pero entre mis preferidas está la que propone rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que existe un delito fiscal, hoy 120.000 euros. Y yo me pregunto ¿quién, qué ciudadano o ciudadana puede chulearle a Hacienda 120.000 euros? ¿Usted? Yo desde luego no, pero ya tiene un dato querido lector: si defrauda usted 119.999 euros no se preocupe que no es delito fiscal, se paga la multita y arreglado, y eso sólo si se puede demostrar el hecho.
En resumidas cuentas, y para no aburrir a la concurrencia ya que hay 50 medidas más de las que podríamos hablar, lo que más extrañeza causa en estas 58 medidas es por qué desde 1978 todavía seguimos así en pañales en materia de Justicia. Eso sí, sólo para unos pocos, ya que si un ciudadano no paga el IBI (impuesto de bienes inmuebles) o el impuesto de circulación, el sistema funciona a las mil maravillas: te llega la carta del pago con puntualidad inglesa, si no pagas te llega el aviso con el recargo al segundo día de pasarse el plazo, si aun así no tienes dinero para pagar no te preocupes que aparecerá tu nombre en el Boletín Oficial de la Provincia y así no podrás decir que no has sido notificado… y antes de que pase el año te llega la cartita amenazadora de que te van a embargar para, finalmente, descubrir que Suma te puede meter la mano en tu cuenta y cobrarse la deuda sin que puedas decir ni pío.
Y es que ya se sabe, según nuestra Constitución todos somos iguales ante la ley, con la excepción de los ciudadanos y ciudadanas de primera y los de segunda… de los de tercera hablaremos otro día.
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