La clave: María José Alcón y grabaciones delatoras

Agencias | REA nº 26 | Publicado en Febrero de 2016

Una grabación a la exconcejal de Cultura Alcón, clave para que la UCO rastree el blanqueo de dinero en las cuentas de los investigados.

 

Alcon

La secretaria del grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García Fuster, detenida y puesta en libertad en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, será fulminantemente destituida de todos sus cargos, según confirmó ayer la portavoz M.ª Àngels Ramon Llin.

Al parecer, el miércoles por la tarde ya comunicaron al alcalde de Valencia, Joan Ribó, que García Fuster dejaba de ser asesora y secretaria del grupo municipal, que era lo que había pedido el «tripartito» apenas unas horas antes.

Es más, el equipo de gobierno ha reclamado el mismo destino para todos los cargos públicos, asesores y concejales, que finalmente sean investigados en esta trama. De lo contrario podrían actuar de oficio y proceder a su despido.

 

Una grabación a la exconcejal de Cultura Alcón, clave para que la UCO rastree el blanqueo de dinero en las cuentas de los investigados

En esta situación se encontraría el asesor del PP Luis Salom, que declaró el pasado miércoles ante la Guardia Civil en calidad de investigado. Ramon Llin dijo al respecto que no hay una decisión tomada, pues «son situaciones distintas». Sí confirmó que no hay ninguna otra decisión en este sentido.

La trama de corrupción que supuestamente envuelve a Imelsa sigue golpeando al Ayuntamiento de Valencia. Después de las conversaciones del exgerente de la empresa, Marcos Benavent, y la exconcejala de Cultura, María José Alcón, sobre el presunto cobro de comisiones por los contratos de la Mostra o la rehabilitación de los puentes de la Trinidad y Serranos, Esquerra Unida ha difundido nuevas grabaciones, aportadas también a su denuncia ante la Fiscalía, en las que Benavent y Alcón hablan del contrato de la Rambleta, una auténtico «chollo» para lo que ellos pretenden.

El Centro Cultural La Rambleta se construyó y se puso en funcionamiento bajo el modelo alemán. Una empresa construye, equipa y gestiona el complejo y luego el Ayuntamiento le paga un canon anual durante 20 años.

En aquel momento María José Alcón era la concejala de Cultura del Ayuntamiento y responsable del proyecto, del que habla abiertamente con el gerente de Imelsa. «Oye, tenemos muchas cosas entre manos. Tengo La Rambleta, que está a puntito de caramelo», le dice a Benavent, quien le sugiere, debido a lo ajustado del proyecto, que diga que «lo tienen mal» y de esa manera «poder exigir algo», en alusión, según los denunciantes, al cobro de una comisión. «Veinte años Marco. Es el chollo de la vida de cualquiera», comenta Alcón, quien le recuerda que «no se trata de una obrita cualquiera», sino de «un canon de tres millones durante veinte años», es decir, 60 millones en juego.
Para el candidato de EUPV a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Blanco; la diputada provincial Rosa Pérez, el aspirante a la Alcaldía de Valencia, Amadeu Sanchis, y su número dos, Rosa Albert, se trata de un «escándalo de corrupción» que afecta «a Diputación, Ayuntamiento y a la estructura política y económica del PPCV».

Albert explicó que el contrato de la Rambleta es el de mayor repercusión económica, pues supone un coste de 60 millones por el canon de 3 millones anuales que el consistorio ha de pagar a la empresa durante 20 años. El resto sumaban casi 5 millones.
Era, además, la primera vez que en un mismo concurso se contrataba construcción y gestión, con la novedad de que se privatizaba y era el Ayuntamiento el que tenía que pagar un canon a la constructora cuando habitualmente es al revés, según Albert, que recordó que el concurso se adjudicó por 14 millones.
Para Blanco, es «un nuevo capítulo, y no el último, de la mayor trama de corrupción» en la Comunitat y recordó el «silencio elocuente» del presidente del PPCV, Alberto Fabra, cuando le ha preguntado si se fía de su lista, si ponía la mano en el fuego por Barberá y si podía mantener que no conoce a Benavent. A su juicio, este caso podría «retratar a Fabra como un mentiroso y cómplice durante muchos meses de los corruptos», ya que podría conocer la trama, al menos desde septiembre, y haberse reunido con Benavent y dos personas más en un bar.
Preguntada por este asunto, Barberá ha dicho desconocer el asunto y ha asegurado que «no va a continuar en ese culebrón».

La empresa niega comisiones
La empresa adjudicataria, Bulevar del Arte y Cultura, explicó, por su parte, que las cifras no son las que ha dado EUPV. El canon sería de 2.198.275 euros, de los cuales 711.000 se destinan a la explotación del centro y el resto para el pago de la obra, gastos financieros e intereses. «Estas cuentas son públicas y están depositadas en el registro Mercantil», recuerda la empresa, que asegura que «en ningún momento ha habido pago de ningún tipo para la obtención de la concesión».

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